Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En su lucha contra los migrantes, el presidente Donald Trump ha desconocido, de manera peligrosa, las decisiones de una jueza federal y de la Corte Suprema de Justicia. El caso de Kílmar Armando Ábrego García, un salvadoreño casado con una ciudadana estadounidense, sin ningún antecedente judicial y con una protección legal para que no fuera enviado a su país de origen, puede convertirse en un caso emblemático de las arbitrariedades contra migrantes. Su deportación a El Salvador, bajo la acusación de pertenecer a la banda MS-13, es una violación flagrante a los derechos humanos de Ábrego y un desacato a decisiones judiciales.
En una reciente reunión entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un autócrata, este último afirmó que no habría devolución de Ábrego a Estados Unidos, pues “sería como introducir de contrabando a un terrorista a Estados Unidos”. Ante lo irregular del procedimiento adelantado, un funcionario del Departamento de Justicia reconoció ante una jueza de Maryland que se había tratado de un “error administrativo”, lo que llevó a la jueza a pedir su inmediata devolución. Sus superiores, en vez de acatar la decisión, despidieron al abogado e insisten en que no hay equivocación. No han presentado ninguna prueba en contrario. La actitud de Trump y Bukele demuestra su desprecio por los derechos fundamentales y se convierte en un muy grave precedente.
Ábrego García fue detenido dentro de las acciones que adelantan las autoridades del país del norte para cumplir con las órdenes de Trump. Las mismas van dirigidas contra migrantes irregulares, o contra aquellos venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua, o salvadoreños sindicados de integrar la MS-13. A mediados de marzo fueron enviados 238 ciudadanos de ambas nacionalidades a El Salvador, dado el ofrecimiento de Bukele de recibirlos en el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel de máxima seguridad.
Según una reciente investigación de Bloomberg, el 90 % de los deportados no tienen antecedentes penales. De esta manera, no habría ningún sustento legal para haber llevado a cabo las deportaciones y se trataría más bien de la urgencia de la Casa Blanca por demostrar su lucha sin concesiones contra bandas criminales. El medio identificó que, de los deportados en marzo, cinco tenían acusaciones por delitos graves de agresión, violación y porte ilegal de armas de fuego. Otros tres contaban con delitos menores, incluyendo acoso y hurto menor. Otros dos fueron acusados de tráfico de personas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que todos los venezolanos enviados a El Salvador habrían cometido el delito de estar ilegalmente en el país. Al respecto, Donald Trump se amparó en una ley de 1798, de Enemigos Extranjeros, para justificar las deportaciones sin el debido proceso. Dicha norma se expidió en su momento para detener y expulsar a ciudadanos de una nación enemiga durante conflictos bélicos, lo cual dista mucho de la situación actual.
A pesar de que la inmensa mayoría de los deportados de manera irregular al CECOT no tienen personas que reclamen por sus derechos ante las arbitrariedades cometidas en Estados Unidos, el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, viajó ayer a El Salvador para ver a Kílmar Ábrego García y exigir su liberación inmediata. De otro lado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció la violación de los derechos humanos por parte de la administración Trump. El de las deportaciones ilegales es otro tema que se suma a la lista de golpes asestados contra la democracia en Estados Unidos por el actual gobierno.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
