Ordenan capturar a exagente de la CIA por caso Drummond y paramilitares

El Espectador conoció que la Fiscalía General ordenó la captura del exagente de la CIA, James Lee Atkins, quien a finales de los años noventa y principios de los 2000 fue jefe de seguridad de la Drummond en Colombia. Según el ente investigador, él y otros líderes de la multinacional se habrían aliado con los paramilitares de alias Jorge 40 durante esos años en que el grupo criminal controló el departamento del Cesar. Los empresarios acusados por el ente investigador niegan tajantemente cualquier pacto criminal con los comandantes de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) de los hermanos Castaño.

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Este diario estableció que este antiguo hombre de la inteligencia estadounidense, que también habría colaborado con los paramilitares en Nicaragua en los años 80, habría tenido que ver con el asesinato de dos sindicalistas de la zona: Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita. Fuentes del caso indicaron que el hombre fue declarado en el proceso como persona ausente. Su paradero es incierto y se han tejido varias versiones sobre su paradero. Las últimas personas que hablaron con él han dicho que estuvo en la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y que allí se perdieron su rastro.

Según tres personas que lo conocieron durante su paso por el país y documentación del gobierno de EE. UU, participó en operaciones encubiertas en Nicaragua y Camboya para ese organismo de inteligencia. En octubre de 2018, cuando la Fiscalía citó a interrogatorio a las cabezas de la compañía, incluyó a Atkins en ese listado. Sin embargo, aunque la Fiscalía le pidió a la Embajada de EE. UU. información para ubicarlo, hasta el momento se desconoce con exactitud cuál es el paradero de Atkins, quien supera los 87 años.

Financiación de las AUC

Como reveló este diario en agosto de 2020, la Fiscalía les puso la lupa a una serie de contratos y transacciones financieras que celebró la Drummond entre 1996 y 2001 con la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). El representante legal de esa compañía era Jaime Blanco Maya, encargado de proveer las comidas de los trabajadores. La relación comercial terminó en 2001 (a pesar de que el convenio iba hasta 2002), cuando Blanco Maya cayó en el radar de la Fiscalía.

El documento concluye que, en ese lapso, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobrestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. Desde 2012, Blanco Maya (hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que a través de su empresa pasaron los dineros que financiaron al frente Juan Andrés Álvarez, de las Auc. Para soportar lo que decía, ese año Blanco empezó a entregar documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida que recibían los empleados de la mina La Loma, en El Paso (Cesar).

En 2012, el portal periodístico Verdad Abierta señaló que Blanco les había dicho a las autoridades que hubo sobreprecios por un 40 % en el valor de la comida para poder financiar a las AUC. En el reciente informe la Fiscalía señaló que “entre los precios unitarios inicialmente cotizados por las tres comidas, pasa de la primera cotización en noviembre de 1995 de $8.240 a $11.777 en julio de 1996 (precio final contratado), aumentándose el precio unitario en un período de siete meses, en $3.537, que equivale al 42,92 % del precio inicial (...) Se presenta un mayor valor registrado en la contabilidad de la empresa Drummond, en las cuentas de costos por servicios de alimentación” con ISA. La empresa ha negado tajantemente cualquier financiación a grupos criminales o participación en algún asesinato.

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